En un esfuerzo por fortalecer las capacidades de fiscalización del Estado chileno, la reciente promulgación de la Ley 21648 introduce cambios sustanciales en el Código Tributario, especialmente dirigidos a las operaciones de comercio exterior. Esta medida legislativa, que establece una presunción de iniciación de actividades para ciertos operadores en el ámbito del comercio internacional, se perfila como una herramienta clave en la lucha contra el fraude tributario y aduanero, así como en la persecución del crimen organizado. A continuación, se desgranan los pormenores de esta ley, sus implicancias y los desafíos que plantea.

Entendiendo la Ley 21648

La Ley 21648 modifica el Código Tributario para presumir la iniciación de actividades de aquellas personas que, operando en el comercio exterior, realicen importaciones por montos superiores a 3.000 dólares americanos en un periodo móvil de 12 meses. Esta presunción surge a menos que el importador pueda demostrar que los bienes importados están destinados a su uso o consumo personal. Esta medida apunta a cerrar brechas que permitían eludir obligaciones tributarias y aduaneras, facilitando la labor fiscalizadora de organismos como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.

Pros de la Ley 21648

• Mejora la Fiscalización: Al establecer una presunción de iniciación de actividades, se facilita la identificación de operaciones comerciales que podrían evadir obligaciones tributarias, permitiendo una acción más eficiente y directa de los entes fiscalizadores.
• Combate al Crimen Organizado: Esta ley es una herramienta adicional en la lucha contra el crimen organizado, al dificultar la entrada de mercancías de forma irregular que podrían financiar actividades ilícitas.
• Transparencia en el Comercio Exterior: Al requerir que los operadores del comercio exterior acrediten el destino final de los bienes importados, se promueve una mayor transparencia en estas operaciones.
• Protección a la Industria Local: Al fiscalizar de manera más efectiva las importaciones, se protege a la industria local de competencia desleal y prácticas de dumping.

Contras de la Ley 21648

• Carga Administrativa para Pequeños Importadores: Los pequeños importadores podrían verse afectados por una mayor carga administrativa y costos asociados al tener que demostrar el destino de sus importaciones. Esto puede llevar a una concentración del mercado, lo que implicaría oligopolios o mercados más concentrados.
• Riesgo de Litigiosidad: La aplicación de la presunción podría generar disputas legales por parte de aquellos operadores que se consideren injustamente categorizados bajo esta nueva normativa.
• Desafíos en la Implementación: La efectividad de la ley dependerá de la capacidad del SII y del Servicio Nacional de Aduanas para implementar estos cambios sin entorpecer el comercio legítimo.
• Potenciales Efectos en el Comercio Internacional: Existe el riesgo de que la ley sea percibida como un obstáculo por parte de socios comerciales internacionales, afectando potencialmente las relaciones comerciales de Chile. Este efecto es un impacto negativo que puede reducir tanto el nivel de importaciones como exportaciones, lo que parece no ser relevante para la discusión que realizo el gobierno de Gabriel Boric, que parece no tener el asesoramiento correspondiente en materias económicas y empresariales.

Una Mirada Crítica

La Ley 21648 representa un avance significativo en el marco legal chileno para asegurar una fiscalización más eficaz y equitativa en el ámbito del comercio exterior. No obstante, su implementación plantea desafíos no menores, tanto para los operadores afectados como para las autoridades encargadas de su aplicación. Será fundamental un enfoque balanceado que permita alcanzar los objetivos de la ley sin perjudicar la dinámica del comercio exterior ni imponer cargas desproporcionadas a los importadores legítimos.

Observaciones por considerar de la Ley 21648

La Ley 21648 abre un nuevo capítulo en la regulación del comercio exterior en Chile, dotando al Estado de herramientas más robustas para la fiscalización tributaria y aduanera. Su éxito dependerá de la capacidad para equilibrar la eficacia en la lucha contra el fraude y el crimen organizado con un impacto mínimo en la fluidez del comercio internacional y la carga administrativa de los operadores legítimos. En este sentido, el diálogo continuo entre el gobierno, el sector privado y los actores involucrados será crucial para afinar la aplicación de esta ley y asegurar que sus beneficios se materialicen plenamente.