La reciente promulgación de la Ley 21682, que modifica el artículo segundo transitorio de la Ley Nº 21.363, ha generado un significativo debate en torno a la normativa de etiquetado de bebidas alcohólicas en Chile. Esta modificación exime del cumplimiento del artículo 40 bis de la Ley Nº 19.925 a las bebidas alcohólicas y productos que ya estaban en el mercado antes de la implementación de la nueva regulación de etiquetado. A continuación, se realiza un análisis detallado de esta ley, evaluando sus implicancias legales, económicas y sociales.

Contexto y Justificación de la Ley 21682

El artículo 40 bis de la Ley Nº 19.925 establece que todas las bebidas alcohólicas destinadas a ser comercializadas en el país deben llevar en sus envases una advertencia clara, precisa y visible sobre los riesgos del consumo de alcohol. La Ley 21682 modifica el artículo segundo transitorio de la Ley Nº 21.363 para eximir del cumplimiento de esta disposición a las bebidas alcohólicas y productos comercializados antes de la nueva regulación, permitiendo su comercialización hasta agotar existencias.

La justificación de esta modificación se centra en los problemas logísticos y económicos que enfrentan los productores e importadores al tener que re-etiquetar productos ya existentes en el mercado. Este enfoque busca evitar costos adicionales que podrían afectar negativamente a la industria y causar interrupciones en la cadena de suministro.

Pros de la Ley 21682

• Reducción de Costos para Productores e Importadores: La exención temporal del re-etiquetado permite a las empresas evitar gastos adicionales, lo que es crucial en un contexto económico desafiante.
• Continuidad en la Cadena de Suministro: Permitir la comercialización de productos ya etiquetados evita posibles desabastecimientos y garantiza que los productos puedan llegar a los consumidores sin interrupciones.
• Flexibilidad Reguladora: La modificación demuestra una capacidad de adaptación legislativa a las realidades del mercado, ofreciendo un respiro a la industria mientras se ajusta a las nuevas normativas.

Contras de la Ley 21682

• Riesgo para la Salud Pública: La exención podría retrasar la difusión de advertencias de salud vitales para los consumidores, disminuyendo el impacto de las políticas de salud pública orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol.
• Percepción Pública y Confianza: La percepción de que se están relajando las normativas puede generar desconfianza entre los consumidores respecto a la seriedad del compromiso gubernamental con la salud pública.
• Precedente Regulatorio: La creación de exenciones puede sentar un precedente que otras industrias podrían utilizar para solicitar excepciones similares, complicando la aplicación uniforme de nuevas regulaciones.

Impacto en el Mercado y la Salud Pública

La implementación de esta exención tiene un impacto directo en el mercado y en las estrategias de salud pública. Mientras que los productores e importadores se benefician de la reducción de costos y la continuidad del suministro, los consumidores podrían recibir mensajes de advertencia menos efectivos durante el período de transición. Esta situación plantea un desafío para las políticas de salud pública, que buscan reducir el consumo perjudicial de alcohol a través de una mayor concienciación.

Desafíos y Consideraciones Futuras

El principal desafío para el legislador será equilibrar la necesidad de apoyar a la industria con la obligación de proteger la salud pública. A largo plazo, será crucial evaluar si esta exención temporal logra su objetivo sin comprometer la eficacia de las políticas de salud. Además, la capacidad del gobierno para implementar y hacer cumplir nuevas normativas de manera consistente y efectiva será determinante para evitar precedentes que puedan debilitar futuras regulaciones.

Equilibrio que debe buscar la Ley 21682

La Ley 21682, que exime temporalmente a las bebidas alcohólicas ya comercializadas del nuevo etiquetado obligatorio, refleja una respuesta pragmática a las realidades económicas y logísticas enfrentadas por la industria. Sin embargo, plantea importantes consideraciones sobre su impacto en la salud pública y la percepción de la regulación gubernamental. El éxito de esta modificación dependerá de un delicado equilibrio entre el apoyo a la industria y la protección de la salud de los consumidores, así como de la capacidad para implementar futuras regulaciones de manera efectiva y uniforme.