En una movida que ha generado gran controversia, la comisión mixta de senadores y diputados ha rechazado la propuesta del gobierno de eliminar las multas para quienes no voten y ha decidido reintroducirlas. Sin embargo, este aparente esfuerzo por reforzar la democracia encierra una estrategia del gobierno para manipular el panorama electoral, especialmente a la luz de las encuestas que sugieren una fuerte tendencia hacia candidatos opositores e independientes.

La Maniobra del Gobierno: Voto Obligatorio con Trampa

El voto obligatorio ha sido un tema de debate desde su implementación. En teoría, es tanto un derecho como un deber ciudadano, y no cumplirlo debería tener consecuencias. No obstante, la propuesta original del gobierno de eliminar las multas para quienes no voten siendo extranjero parece más un intento de revertir la tendencia desfavorable en las urnas que un verdadero compromiso con la participación democrática.

Es sabido en los círculos de poder que mayoritariamente los extranjeros votan por gobierno no ligados a la izquierda, como los de sus países de origen, viniendo a países donde las libertades económicas, políticas y culturales son más amplias que en el caso de Venezuela.

Las encuestas recientes indican que una mayoría de la ciudadanía se inclina por candidatos contrarios al gobierno. En respuesta, el gobierno propuso una indicación para que la multa solo se aplicara a los ciudadanos chilenos, excluyendo a los extranjeros con derecho a voto. Esto introduce una desigualdad ante la ley, desvirtuando el principio de igualdad que debe regir en un sistema democrático.

El Engaño de la Voluntariedad Bajo la Obligación

El verdadero problema radica en la contradicción inherente a esta propuesta: mantener el título de voto obligatorio mientras se elimina la sanción efectiva para algunos. Esto convierte el voto en voluntario de facto para ciertos grupos, un cambio que, según las previsiones, podría jugar en contra del gobierno, dado el descontento popular reflejado en las encuestas.

La ciudadanía entiende el voto obligatorio como un pilar de su derecho y deber democrático. La propuesta del gobierno de eliminar la sanción por no votar, aunque manteniendo la etiqueta de obligatoriedad, es una maniobra para desmovilizar a los votantes opositores sin asumir el costo político de abolir formalmente el voto obligatorio. Este juego de apariencias socava la esencia misma de la participación democrática, haciendo parecer que el gobierno teme la verdadera voluntad del pueblo.

Reducción del Financiamiento Fiscal: Golpe a la Democracia

Junto a la reintroducción de multas, la propuesta incluye la reducción del financiamiento fiscal a campañas electorales. Esta medida, en apariencia dirigida a reducir los costos estatales, en realidad, podría concentrar el poder en manos de aquellos candidatos con acceso a fondos privados. Esto aumentaría la desigualdad en la contienda electoral, beneficiando a los partidos tradicionales y a aquellos con mayores recursos, en detrimento de los independientes y minoritarios.

Menos financiamiento fiscal significa que los candidatos con menos recursos tendrán menos posibilidades de competir en igualdad de condiciones. Esto no solo es un golpe a la democracia participativa, sino también un intento descarado de perpetuar el statu quo político.

Regulación de Propaganda: Censura Velada

La regulación de la propaganda en medios regionales y redes sociales es otra pieza del rompecabezas. Si bien la intención de prevenir la desinformación es loable, la forma en que se está planteando podría derivar en censura. La libertad de expresión y el acceso a la información son fundamentales para una democracia sana, y cualquier intento de regularlos debe hacerse con extrema cautela para no coartar estos derechos.

Una Reforma Electoral enmascarada

La reintroducción de multas para el voto obligatorio, la reducción del financiamiento fiscal y la regulación de la propaganda no son más que intentos del gobierno por manipular el proceso electoral en su favor. Estas medidas, presentadas como esfuerzos por fortalecer la democracia, en realidad, buscan desincentivar el voto opositor y mantener el control político.

Es imperativo que la ciudadanía y los actores políticos continúen vigilantes y critiquen estas maniobras que, bajo el manto de la legalidad, buscan subvertir la voluntad popular y socavar los principios democráticos. El verdadero compromiso con la democracia implica aceptar y respetar la voz del pueblo, no manipular las reglas del juego para mantener el poder a cualquier costo.