La reciente normativa sobre ciberseguridad, la Ley 21.663, establece un marco para las acciones de ciberseguridad en organismos estatales y entidades privadas. Define términos esenciales como ciberataque, ciberseguridad e incidente de ciberseguridad. Además, establece principios rectores como control de daños, cooperación con la autoridad, coordinación y seguridad en el ciberespacio.
Creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI)
La ANCI, un servicio descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, asesorará al Presidente de la República en materias de ciberseguridad. Tendrá la facultad de dictar protocolos y estándares, coordinará el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) y administrará el Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad.
Ámbito de Aplicación y Servicios Esenciales
La ley se aplica a instituciones que prestan servicios esenciales, incluyendo aquellos provistos por organismos de la Administración del Estado y el Coordinador Eléctrico Nacional, así como por instituciones privadas. La ANCI puede calificar otros servicios como esenciales si su afectación puede causar daños significativos a la integridad de las personas, el funcionamiento de la sociedad, o la seguridad y el orden público.
Deberes y Responsabilidades
Los operadores de servicios esenciales deben implementar sistemas de gestión de información continua, planes de continuidad operacional y ciberseguridad, y realizar auditorías de seguridad. La ley obliga a reportar y resolver incidentes de ciberseguridad, estableciendo sanciones para las infracciones, que varían entre 5.000 y 40.000 UTM, dependiendo de la gravedad.
Estructuras de Soporte
El Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad asesorará a la ANCI en el análisis de amenazas y propondrá medidas para abordarlas. El CSIRT Nacional supervisará incidentes significativos y coordinará respuestas, mientras que el CSIRT de la Defensa Nacional se enfocará en la vigilancia de redes y sistemas del Ministerio de Defensa.
Excepciones y Autonomía Constitucional
Órganos autónomos constitucionales como el Senado, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial y la Contraloría no estarán sujetos a la regulación de la ANCI. La ley también introduce modificaciones a la ley N° 20.424, estatuto del Ministerio de Defensa Nacional, y a la ley N° 21.459 sobre delitos informáticos.
Impacto Económico y Social
La ley busca fortalecer la seguridad cibernética del país, protegiendo infraestructuras críticas y promoviendo una cultura de ciberseguridad. La creación de la ANCI y los nuevos procedimientos mejorarán la capacidad de respuesta ante incidentes, reduciendo riesgos y daños económicos.
Desafíos de Implementación
Para la implementación efectiva de esta ley, es crucial:
- Monitoreo y Evaluación: Establecer mecanismos de seguimiento para evaluar el impacto y la efectividad de las medidas de ciberseguridad.
- Cooperación Interinstitucional: Fomentar una colaboración estrecha entre organismos estatales y privados para compartir conocimientos y recursos.
- Capacitación y Educación: Implementar programas de entrenamiento continuo para el personal involucrado en ciberseguridad, asegurando que estén actualizados con las mejores prácticas y tecnologías.
- Adaptación Tecnológica: Asegurar una actualización constante de las tecnologías y métodos de protección contra ciberataques, manteniendo la infraestructura del país segura y resiliente.
Futuro de la Ciberseguridad en Chile
La promulgación de esta ley marca un hito significativo en la protección de activos informáticos y la resiliencia frente a ciberamenazas en Chile. La participación activa de todos los actores involucrados, desde entidades gubernamentales hasta empresas privadas, será esencial para el éxito de esta iniciativa. Un entorno digital seguro y confiable es fundamental para el desarrollo económico y la seguridad nacional, y esta ley proporciona una base sólida para alcanzar estos objetivos.
Recomendaciones para la Comunidad y las Empresas
Para adaptarse a la nueva normativa, las empresas y organismos estatales deben:
- Adoptar Protocolos de Seguridad: Implementar y seguir estrictos protocolos de seguridad informática alineados con las directrices de la ANCI.
- Inversiones en Tecnología: Invertir en tecnologías avanzadas de ciberseguridad para proteger sus redes y sistemas contra amenazas emergentes.
- Formación Continua: Asegurar que todo el personal esté debidamente capacitado en las mejores prácticas de ciberseguridad y en la respuesta a incidentes.
- Colaboración y Comunicación: Mantener una comunicación constante y colaborativa con la ANCI y otros organismos relevantes para compartir información sobre amenazas y incidentes de ciberseguridad.
La nueva ley de ciberseguridad en Chile es una respuesta proactiva a las crecientes amenazas cibernéticas, estableciendo un marco robusto para proteger a los ciudadanos, las empresas y el Estado. Con la implementación adecuada y el compromiso de todas las partes involucradas, esta normativa fortalecerá significativamente la seguridad cibernética del país.
