Un interesante caso ocurrió el viernes pasado en la noche donde Rodrigo Rettig fue denunciado por un usuario de internet. Es que, en el mundo digitalizado de hoy, las interacciones en línea pueden ser tan significativas como las que tenemos cara a cara. Es en este escenario cibernético donde el caso de Rodrigo Rettig Vargas, abogado y ex-candidato al Consejo Constitucional por el Partido Liberal de Chile, ha levantado una serie de cuestionamientos éticos y legales que merecen un análisis detenido.

Recientemente, un hilo de Twitter presentado por el usuario @keyvizita expone una serie de interacciones entre él y Rettig. El contenido sugiere un intento de doxxing, lo cual consiste en la publicación de información privada sin consentimiento. Este comportamiento en línea, especialmente proveniente de una figura con conocimientos legales y nexos políticos, plantea preguntas inquietantes sobre la asimetría de poder y las responsabilidades éticas que incumben a quienes ostentan tales posiciones.

En Chile, la ley de protección de datos personales y la Constitución consagran el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales. Sin embargo, el caso en cuestión trasciende los límites de la legalidad para adentrarse en el terreno de la ética pública y la moralidad política. ¿Es aceptable que alguien con conocimientos y recursos use estas ventajas para intimidar o silenciar a los detractores como lo hizo Rodrigo Rettig?

Este caso refleja una preocupante tendencia en la que individuos con cierto nivel de poder pueden utilizar su posición para intentar coaccionar o amedrentar a aquellos que eligen el anonimato como escudo contra posibles represalias. A pesar de que la crítica y la oposición son pilares fundamentales de cualquier democracia, la respuesta a estas no debería nunca cruzar a la intimidación personal.

Rodrigo Rettig ¿Abusa de la Asimetría de poder?

La asimetría de poder entre Rettig y @keyvizita es palpable. Un lado cuenta con el peso de la ley y el respaldo político, mientras que el otro se resguarda en el anonimato, posiblemente como una medida de autoprotección. Es aquí donde la cuestión de la ética toma relevancia. Las figuras públicas tienen la responsabilidad de mantener una conducta intachable, no solo en el cumplimiento de la ley sino en la preservación de los valores democráticos de respeto y dignidad.

El bullying y otras acciones matonescas, virtuales o no, son inaceptables y peligrosas, más aún cuando se ejecutan desde la influencia y la autoridad. La ética detrás del uso de información personal como arma es claramente reprobable. Más aún, estas acciones erosionan la confianza en las instituciones y actores que deberían proteger y fomentar el debate saludable y constructivo.

En este caso, la conducta de Rettig, tal como se presenta, no solo es preocupante por su naturaleza potencialmente ilegal sino también por su falta de alineación con los principios éticos que se esperarían de un servidor público y un profesional del derecho. La intimidación, real o percibida, y el posible uso de información personal contra los opositores, pone en tela de juicio su comprensión y respeto por los derechos fundamentales.

Las redes sociales son un reflejo de nuestra sociedad y, como tal, deben ser espacios donde la libertad de expresión se proteja, y donde la crítica, incluso la más ferviente, pueda expresarse sin temor a represalias personales. Los individuos en posiciones de poder deben ser los primeros en abogar por estos principios, demostrando con el ejemplo que el disenso no solo es tolerado sino bienvenido como una parte vital del proceso democrático.

Este caso debe servir como un recordatorio de que la influencia y el conocimiento deben ir de la mano con la responsabilidad y la integridad. La ciudadanía merece y debe exigir que aquellos que poseen poder, ya sea político, legal o mediático, lo ejerzan con un sentido de servicio y no como una herramienta para imponer silencio o miedo. El caso de Rettig debe ser investigado con la seriedad que merece y, si se encuentran méritos, debe haber consecuencias acordes con las faltas cometidas, tanto en el plano legal como en el ético.